El rol del campo pericial en Seguridad Ciudadana como promotor y garante de los Derechos Humanos
Director: Garibaldi, Daniel
Codirector: Luaces, Fernando
Investigadores: Álvarez, Karina Cleste / Azcoaga Viaggio, Julio
Investigadores externos: López, Irma / Pandolfi, Claudio
Adscripta: Lagoa, Marcela
Becario: Bruno, Eduardo José
El 23 de agosto de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio de alta a la especialidad pericial en Seguridad Ciudadana (Acuerdo 3861) para que los lic. en seguridad puedan desempeñarse como Auxiliares de la Justicia. El perito en Seguridad Ciudadana, mediante su dictamen, contribuye a indicar las falencias, omisiones y/o responsabilidades ante una situación dada en su especialidad. Tal dictamen, se convertirá en una opinión calificada para el juez a la hora de fundamentar la sentencia correspondiente. Derechos Humanos y actividad policial, entendida como función administrativa del Estado, van de la mano. El pensamiento contrario que indica que el trabajo policial se ve menoscabado o limitado por su vigencia no es otra cosa que un simplismo retórico o, peor aún, el ocultamiento de vicios añejos que tienden solo a posicionar a la función policial como una actividad represiva, alejada de su comunidad, del derecho y de su verdadero rol: el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Más los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad, no siempre actúan acorde a los principios rectores de su actividad. Es en estos casos donde se desencadenan desviaciones que cercenan derechos y corrompen el complejo sistema institucional, dando lugar a la negligencia en el desempeño o el excesivo uso de la violencia en un procedimiento legítimo, desvirtuando el accionar del funcionario policial, generando consecuencias y responsabilidades por parte del Estado, y el menoscabo de los derechos de los habitantes. Hasta el momento, se carecía de expertos reconocidos judicialmente capaces de generar una opinión con el peso suficiente como para ser seriamente valorada por el magistrado. Previo a la existencia de esta especialidad pericial, todo se limitaba a las opiniones de los representantes legales de ambas partes del proceso, sin que el juez poseyera fundamentos de relevancia probatoria superiores a la mera opinión contrapuesta de las partes. La hipótesis central del estudio afirma que los aportes del campo pericial en seguridad ciudadana se constituirán en una herramienta válida para minimizar los excesos policiales y garantizar los Derechos Humanos en la República Argentina.
