Al Sr. Subsecretario de Políticas Universitarias
Ministerio de Capital Humano de la Nación
S / D
Ref.: Nota NO-2026-42345649-APN-SSPU#MCH

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted en representación del sistema universitario público en nuestro carácter de autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en relación con la nota de referencia, mediante la que esa Subsecretaría requiere informar, en un plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, las medidas institucionales adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica, el derecho de enseñar y aprender y las acciones desarrolladas frente a las medidas de fuerza impulsadas por los sectores docente y nodocente.

En primer término, corresponde afirmar con absoluta claridad que las universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando —en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias— el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública. Sin embargo, toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa: el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso de la Nación en materia educativa. Dicha norma no solo fue aprobada por mayorías contundentes, sino también ratificada por amplísimos acuerdos parlamentarios, incluyendo mayorías calificadas de dos tercios, constituyendo una manifestación institucional inequívoca de la voluntad soberana del Poder Legislativo.

Desconocer o incumplir una ley de semejante legitimidad democrática no constituye un dato menor ni una mera controversia administrativa: implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes y coloca a las universidades nacionales en una situación de severa restricción financiera, salarial y operativa que impacta directamente sobre las condiciones materiales en las cuales debe garantizarse el derecho constitucional a enseñar y aprender.

Por ello, resulta imprescindible señalar que cualquier afectación a la normalidad plena del sistema universitario no puede analizarse de manera aislada ni atribuida unilateralmente a las instituciones universitarias, como si estas fueran responsables originarias del conflicto. La situación de tensión que atraviesa el sistema deriva, en lo sustancial, del incumplimiento estatal de obligaciones legales expresamente establecidas por el Congreso Nacional.

En ese marco, reafirmamos que el derecho a enseñar y a aprender constituye un principio central de nuestra existencia, del mismo modo que lo son la autonomía universitaria, la autarquía y el cogobierno, consagrados por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior. La autonomía universitaria no representa una exención de responsabilidades, sino la garantía institucional que permite a las universidades gestionar sus asuntos académicos, administrativos e institucionales conforme con su propio orden normativo, armonizando derechos constitucionales igualmente protegidos, entre ellos, el derecho a enseñar y aprender, el derecho a huelga y la libertad académica.

En consecuencia, las medidas vinculadas con calendarios académicos, modalidades pedagógicas, regularidad, evaluación, reprogramaciones y organización institucional se procesan dentro de las competencias de los órganos de cogobierno universitario y de las unidades académicas correspondientes, conforme con cada estatuto, sin perjuicio del compromiso permanente de las gestiones por sostener la continuidad pedagógica.

Nuestras instituciones continuarán, como lo han hecho históricamente, arbitrando todos los medios a su alcance para preservar la educación pública, asegurar el funcionamiento institucional y garantizar derechos, pero resulta igualmente necesario subrayar que ninguna exigencia de operatividad puede desvincularse de la obligación primaria e indelegable del Estado nacional de cumplir con el financiamiento legalmente establecido.

Las universidades nacionales no son la causa de esta crisis; son, por el contrario, instituciones que sostienen, con enorme esfuerzo cotidiano de su comunidad, el funcionamiento del sistema aun en un escenario de extrema precariedad como el actual, producto del incumplimiento presupuestario por parte del propio Estado.

Finalmente, las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, ratifican su disposición al diálogo institucional, el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, de la autonomía universitaria y de las leyes vigentes; así como su convicción de que la defensa de la educación pública exige asumir el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

Franco Bartolacci
Presidente

Anselmo Torres
Vicepresidente