Franco Maximiliano Lagarrigue

De protagonista en la orientación del proceso modernizador en la fundación de la República Popular China (RPC), el sector público ha transitado hacia un modelo de coexistencia con el sector privado a partir de los años ochenta. La reducción del sector público en el PIB nacional desde la reforma y apertura impulsada por Deng (1978-1989)1 y la privatización de pequeñas y medianas empresas estatales bajo la administración de Jiang (1993-2003), ha corrido en paralelo con un crecimiento del sector privado que adquirió fuerza legal con el reconocimiento de los derechos de propiedad privada bajo la administración de Hu (2003-2013) y recibió importantes estímulos económicos durante la gestión de Xi (2013-).

La coexistencia del sector público y el sector privado puede explicarse a partir de algunos desplazamientos tácticos que se registran en cuatro campos: el ideológico, el jurídico, el económico y el político.

El desplazamiento ideológico implicó que el Partido incorporara técnicas neoliberales de gobierno a un arte socialista de conducir conductas, para luego ajustar los intereses de un capitalismo en desarrollo a los intereses sociales del Partido. De este modo, en la década del ochenta, la reforma y apertura de China operó una revisión del lugar que ocupa el sector público en una economía planificada.

Esta revisión permite trazar algunos paralelismos entre la posición ideológica adoptada por el PCCh y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) varias décadas antes, cuando “la socialdemocracia alemana renuncia en primer lugar al principio de la socialización de los medios de producción, y en segundo lugar y de manera correlativa reconoce que la propiedad privada de esos medios de producción no sólo es perfectamente legítima, sino que tiene derecho a la protección y el aliento del Estado”. Tanto el SPD como el PCCh vieron en la competencia y en el mercado una solución a los problemas políticos y sociales. No obstante, y a diferencia de los socialismos occidentales, la economía de mercado socialista china conservó al sector público como instrumento de gobierno indirecto del sector privado. La empresa privada debía servir al desarrollo de las fuerzas productivas para incrementar el poder del Estado, incorporando la competitividad del mercado capitalista y previniendo que el PCCh se encaminara a una catástrofe política similar a la de la URSS.

Durante la era de Jiang Zemin el neoliberalismo se ramificó en China a través de las privatizaciones, la liberalización de los servicios públicos y la teoría de la triple representatividad, que otorgaba a los capitalistas representación en el gobierno. Con Hu Jintao ese neoliberalismo fue sometido a revisión (una tarea encargada por el propio Hu a la Academia China de Ciencias Sociales) para concluir que el sector público debía recuperar terreno bajo un nuevo modelo de desarrollo orientado a la mejora de las condiciones sociales y ambientales. Esta idea fue espacialmente impulsada en el segundo mandato de Hu (2008-2013).

En cuanto a los desplazamientos jurídicos, el Partido reformó la normativa china para adaptarla a las exigencias de los EEUU, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio. Desde 1980 una serie de cambios jurídicos allanaron el camino para que China ingresara en 2001 a la OMC conectándose a grandes flujos de capital y a nuevos mercados. En la enmienda constitucional de 1988 la Asamblea Popular Nacional (APN) autorizó “la existencia y desarrollo de la economía privada dentro de los límites prescritos por la ley” y reconoció al sector privado de la economía como un “complemento de la economía pública socialista”. En 1993 la máxima “El Estado practica la economía planificada sobre la base de la propiedad pública socialista” fue reemplazada por “El Estado practica una economía de mercado socialista”. En 1999 una nueva modificación estableció que los “sectores no públicos de la economía, como los sectores individual y privado de la economía, que operan dentro de los límites prescritos por la ley, constituyen un componente importante de la economía socialista de mercado”. En 2004 la Constitución reconoció “la propiedad privada legítima de los ciudadanos” como “inviolable”, y un rol estatal que “estimula, apoya y guía el desarrollo de sectores no públicos de la economía y, de acuerdo con lo previsto en la ley, ejercita la supervisión y control sobre ellos”. En la misma línea, la Ley de Derechos de Propiedad de 2007, dio “juego a las utilidades de las propiedades”, y el Código Civil de 2020 empezó a regular las relaciones personales y patrimoniales entre las personas de derecho civil. Finalmente, en abril de 2025, la APN aprobó una Ley de Promoción de la Economía Privada, la primera en su tipo, que defiende la “competencia leal”, la “igualdad de protección” y “la eliminación periódica de las barreras de acceso al mercado y prohíbe las restricciones o la exclusión de las empresas privadas en las actividades de comercio de recursos públicos”.

Si bien las reformas mencionadas sirvieron de andamiaje legal a las relaciones de propiedad de tipo capitalista, el Partido mantuvo el poder extraeconómico a través del sector público tal como se expresa en los textos jurídicos que asignan a la propiedad pública socialista el valor de “sagrada e inviolable”. El artículo 6° de la Constitución señala que en “la primera etapa del socialismo, el Estado adhiere a un sistema económico básico en el que la propiedad pública es dominante pero diversos sectores de la economía se desarrollan conjuntamente, y el sistema de distribución de acuerdo con el trabajo es dominante, pero coexiste con varios modos de distribución”. Asimismo, se reconoce a la propiedad pública estatal como “la fuerza rectora de la economía nacional. El Estado asegura la consolidación y el desarrollo del sector estatal de la economía”.

En un mismo sentido, la Ley de Derechos de Propiedad de 2007 decretó que “El Estado consolida y desarrolla la economía pública (estatal) y estimula, apoya y guía el desarrollo de la economía no pública. El Estado practica el sistema de economía de mercado socialista y salvaguarda la igualdad de estatus legal y los derechos de desarrollo de todos los operadores del mercado”. La fórmula se repite en el Código Civil de 2020 y, con leves inflexiones, en la Ley de Promoción de la Economía Privada de abril de 2025. En las Disposiciones Generales de esta última se reitera que el “Estado defenderá y mejorará los sistemas económicos socialistas básicos, incluido el sistema en que la propiedad pública es el pilar fundamental” y “dará pleno juego al papel decisivo del mercado en la asignación de recursos mientras aprovecha mejor el papel del gobierno”.

Además, las “organizaciones económicas privadas y sus operadores apoyarán el liderazgo del Partido Comunista de China”.

Con relación a los desplazamientos económicos se observa que, desde el inicio de la reforma y apertura, el Estado ha otorgado una cuota de mercado cada vez mayor al sector privado. Este sector “aporta más del 50% de los ingresos fiscales, más del 60 % del PIB, más del 70% de los logros de innovación tecnológica, más del 80% del empleo laboral urbano y más del 90% del número de empresas”, tal como refirió a manera de elogio el Presidente Xi a través de la fórmula numérica “cinco, seis, siete, ocho y nueve” en 2018.

Al tiempo que el Estado concede mayores libertades y garantías al capital privado, el Partido refuerza su carácter de conductor a través del capital estatal. Las empresas estatales han tenido un papel central en la orientación del modelo de desarrollo chino. La Comisión Supervisora y Administradora de Activos Estatales o SASAC (State-Owned Assets Supervision and Administration Commission) creada en 2003 y formalizada en 2008 ha promovido y coordinado la investigación científica y el desarrollo entre empresas estatales complementarias, y ha financiado proyectos que demandan enormes dotaciones de capital. Su creación, bajo la administración de Hu, fue una respuesta a las privatizaciones del sector público de la administración de Jiang, y a la necesidad de reorientar el desarrollo hacia estándares sociales y ambientales más altos que requerían una mano de obra especializada, y para ello, una mejora general en los niveles de vida de la población. La recomposición de los servicios sociales (salud, educación y pensiones) y las medidas tendientes a disminuir el impacto ambiental en suelo chino intentaban superar los límites del crecimiento capitalista: la desigualdad social y el impacto ambiental. La apuesta de Hu por el mercado interno, la seguridad alimentaria y la autosuficiencia tecnológica buscaban reducir la vulnerabilidad de la economía China a las crisis globales del capital, manteniendo el dogma del desarrollo acelerado de las fuerzas productivas. Buena parte del pensamiento económico de Xi se basa en las premisas de su antecesor.

En el campo político, el sector público (estatal) ha servido al Partido para mantener el control sobre el sector privado, al coordinar y fijar los objetivos de desarrollo, y otorgar beneficios fiscales, financieros y sociales que el sector privado aprovecha con creces (subsidios a industrias estratégicas, formación de mano de obra altamente calificada e infraestructura moderna). La línea divisoria entre miembros del Partido y clase capitalista es, a este respecto, bastante difusa: empresarios que forman parte del PCCh y miembros del PCCh devenidos empresarios. A su vez, las células del Partido tienen presencia en las estructuras de la mayoría de las empresas privadas. La alianza entre Partido y capital se mantiene gracias a la importancia del sector público que todavía conserva la propiedad sobre sectores clave: defensa, banca, recursos naturales, suelo, electricidad, petroquímica, minería, telecomunicaciones, infraestructura y transporte, entre otros. Esta propiedad cumple una función estratégica: mantener la capacidad de conducción del Partido y la orientación del modelo de desarrollo. El sector público le permite al Partido emprender grandes proyectos de infraestructura a escala nacional y global, conservar el control financiero bajo la banca pública, agenciar los planes quinquenales y mejorar los servicios públicos. La propiedad privada asume, en cambio, una función táctica: aumentar la competencia, la innovación, el empleo urbano y los ingresos fiscales.

Si bien en teoría la relación entre el sector público y el sector privado se muestra complementaria, el avance del sector privado en términos ideológicos, jurídicos, económicos y políticos desde 1978 plantea una serie de interrogantes acerca de la conservación del rumbo socialista del modelo chino. Esto último, no tanto por la forma capitalista adoptada en la actual fase de desarrollo (aquí se abre un diálogo renovado con el Marx de la Crítica del Programa de Gotha), cuanto por la posibilidad de que lo táctico devenga estratégico. En un contexto de competencia creciente entre las potencias centrales y China, la Ley de Promoción de la Economía Privada puede interpretarse como algo más más que una respuesta competitiva local a la competencia global: un gesto de fidelidad al mercado y al sector privado.

Durante el gobierno de Mao la participación del sector público en el PIB rondaba casi el cien por ciento, tras la reforma y apertura (1978) esta se fue reduciendo paulatinamente y hoy es inferior al cuarenta por ciento, véase Piketty, T., Li, Y., y Zucman, G. (2019), “Capital accumulation, private property, and rising inequality in China, 1978-2015”, American Economic Review, (109), 2469-2496, y Dussel Peters, E. (2022), “Capitalismo con características chinas. Conceptos y desarrollo en la tercera década del siglo XXI”, en El trimestre económico, (354), 467-489. 
Las palabras pertenecen al último curso que Foucault dedicó a una historia de la gubernamentalidad neoliberal en el Collège de France en 1979. Ese mismo año Deng ponía en marcha la reforma y apertura con la visita a los EEUU, país con el que sellaría una alianza política y comercial decisiva. Las similitudes entre las ideas de economistas como Ludwig Erhard o Karl Schiller, artífices del “milagro alemán”, y Deng Xiaoping son asombrosas. Foucault, M. (2007), Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires: FCE, p. 113. 
Gao, F. (2025), “China Passes Private Economy Promotion Law”, en https://www.fredgao.com/p/china-passes-private-economy-promotion?open=false#%C2%A7law-of-the-peoples-republic-of-china-on-promoting-the-private-economy 
Constitución de la República Popular China (2004), en https://www.constituteproject.org/constitution/China_2004?lang=es 
Constitución de la República Popular China (2004), en https://www.constituteproject.org/constitution/China_2004?lang=es 
Gao, F. (2025), “China Passes Private Economy Promotion Law”, en https://www.fredgao.com/p/china-passes-private-economy-promotion?open=false#%C2%A7law-of-the-peoples-republic-of-china-on-promoting-the-private-economy  CGTN (2022), “Apoyar la innovación en la economía privada beneficia a China y al mundo”, en https://espanol.cgtn.com/n/2022-06-11/HCJacA/Apoyar-la-innovacion-en-la-economia-privada-beneficia-a-China-y-al-mundo/index.html