El miércoles 24 de septiembre, la Universidad Nacional de Lanús fue sede de la primera Jornada de Planificación y Políticas Públicas, organizada por el Centro de Estudios en Planificación, Estrategia y Gestión Pública “Dr. Carlos Matus” en conjunto con la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno.
La apertura estuvo a cargo de la Lic. Carla Micele, directora del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. A continuación, se desarrolló la mesa de debate integrada por el Lic. Alfredo Ossorio, director del Centro de Estudios; el Dr. Carlos Vilas, director de la Revista de Planificación y Políticas Públicas y Doctor Honoris Causa de la UNLa; y el Dr. Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La moderación del panel estuvo a cargo del Dr. Sebastián Barbosa, director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno.
El encuentro se propuso como un ámbito de reflexión acerca de las transformaciones que atraviesan al Estado, la economía y las políticas de empleo, en un escenario marcado por tensiones nacionales y globales.
En su intervención, Alfredo Ossorio advirtió sobre lo que definió como “políticas de desmembramiento del Estado”, refiriéndose a un conjunto de medidas del actual gobierno que, en su análisis, afectan de manera directa la autonomía estatal y la cohesión de su aparato institucional. Estas políticas —señaló— producen un triple efecto: por un lado, fragmentan la estructura organizativa y reducen la capacidad de coordinación interna; por otro, subordinan la toma de decisiones a intereses externos y corporativos; y finalmente, deterioran la legitimidad del Estado frente a la sociedad, al debilitar su capacidad de respuesta frente a las demandas de la ciudadanía.
Ossorio enfatizó que un Estado debilitado no solo pierde margen para conducir procesos de desarrollo, sino que también ve restringida su función de garante de derechos. La pérdida de autonomía decisoria limita la posibilidad de diseñar estrategias de largo plazo, condenando la acción estatal a respuestas fragmentarias, coyunturales o dictadas por presiones externas.
Por su parte, Carlos Vilas centró su exposición en las tensiones que caracterizan la nueva dinámica internacional, marcada por la creciente hegemonía de la economía financiera sobre la productiva. Advirtió que esta transformación no es meramente técnica, sino estructural: supone la primacía de la lógica especulativa sobre la generación de valor real, con impactos directos en la capacidad de los Estados nacionales para definir estrategias autónomas de desarrollo.
En este sentido, subrayó también el papel histórico del Estado en el crecimiento y el desarrollo económico de los distintos países. Señaló que la financiarización tiende a desplazar el trabajo material y productivo en favor de dinámicas abstractas y especulativas, lo que erosiona la cohesión social y la autonomía política.
A partir de este diagnóstico, sostuvo que países en desarrollo como la Argentina enfrentan un doble desafío. Por un lado, la necesidad de repensar su inserción global en un sistema económico cada vez más concentrado, donde los flujos financieros condicionan las decisiones soberanas y acentúan las asimetrías entre centro y periferia. Por otro, la obligación de diseñar estrategias de crecimiento que no reproduzcan la dependencia externa, sino que fortalezcan las bases productivas internas, promuevan la industrialización y garanticen un desarrollo con inclusión social.
Finalmente, Vilas recalcó que este proceso exige contar con un Estado capaz de regular, orientar e intervenir en la economía para moderar los efectos de la financiarización y reducir las vulnerabilidades externas.
Carlos Tomada, por su parte, subrayó la centralidad del empleo como “columna vertebral del país” y como eje de cohesión social. Sostuvo que el empleo no puede reducirse a una mera variable económica asociada a los niveles de ingreso o a la productividad, sino que constituye un principio político y social que estructura identidades, fortalece la ciudadanía y articula el vínculo entre Estado y sociedad.
Desde su experiencia en la gestión pública, recordó que fue ministro en dos gobiernos que asumieron el empleo como una decisión política y no como una variable subordinada a la lógica del mercado, situándolo en el centro de las estrategias de inclusión y desarrollo. En ese marco, destacó que si solo se lo considera desde una perspectiva económica —como costo laboral o indicador macro— invisibiliza su carácter de activo productivo y social, cuyo fortalecimiento resulta clave para sostener el crecimiento de largo plazo y la cohesión democrática.
Tomada concluyó que el Estado debe asumir al trabajo y al empleo como fundamento de la justicia social y de la democracia, entendiendo que la calidad del empleo determina tanto la estabilidad del sistema político como la posibilidad de construir un modelo de desarrollo inclusivo. En su visión, la política económica que coloca al trabajo en el centro no es solo una opción normativa, sino una condición para alcanzar crecimiento sostenible, legitimidad política y cohesión social.
Para finalizar es necesario destacar que a lo largo de las exposiciones se destacaron tres ejes que es necesario retomar: la reconstrucción del Estado, la redefinición soberana de la inserción internacional y la consolidación del trabajo y el empleo como derecho y ordenador social.
El encuentro cerró con el compromiso de dar continuidad a estas discusiones en nuevas actividades del Centro de Estudios y de la Maestría. Como señalaron los organizadores, el debate sobre planificación y políticas públicas trasciende el plano académico y constituye una necesidad impostergable para la construcción de un proyecto nacional, soberano e independiente.
