Frente al fallo dictado por el Tribunal Oral Federal n° 2, que condenó a la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y a otros imputados, la Universidad Nacional de Lanús expresa su más enérgico repudio ante una decisión que no tiene otro sustento que la voluntad de perseguir y proscribir a quien aparece como una de las principales figuras de la escena política nacional.

Como se señala desde la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de esta Universidad, la decisión tomada por los Jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, no resiste ningún tipo de escrutinio jurídico. Se condenó por administración fraudulenta a alguien que no ejercía la administración de los bienes supuestamente desviados. Ni un estudiante de primer año de cualquier facultad de derecho podría haber sostenido una barbaridad semejante. La sentencia culmina la tramitación de un proceso plagado de irregularidades, donde las garantías del debido proceso fueron dejadas de lado de una manera brutal.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del Juez Federal Julián Ercolini, quien primero se declaró incompetente y remitió parte de las actuaciones al lejano sur. El resto permaneció convenientemente congelado. Las causas en Santa Cruz (fueron tres) terminaron en la nada: dos archivadas y una sobreseída. El resto fue reiniciado ante una denuncia presentada por Javier Iguacel, como funcionario del gobierno presidido por Mauricio Macri. Fueron tres años de instrucción, durante los cuales Ercolini se preocupó puntualmente de no hacer lugar a las medidas pedidas por las defensas, con la invalorable colaboración de la Cámara Federal de Apelaciones, de la Cámara Federal de Casación y de la propia Corte Suprema.

Es imprescindible señalar que Julián Ercolini es uno de los magistrados involucrados en una reunión celebrada en los terrenos ocupados por el empresario inglés Joe Lewis, que de por sí es ya motivo de repudio, a la que luego se sumaron conversaciones mantenidas entre los involucrados, escritas y grabadas en audios, en las cuales se ponen en marcha diversas conductas ilícitas, entre las que se pueden mencionar las de otorgamiento y recepción de dádivas, violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento, amenazas agravadas y hasta la mención de un posible futuro homicidio. Hechos de tamaña gravedad que motivaron una denuncia presentada por el gobierno nacional.

Como lo señaláramos en un anterior pronunciamiento, la connivencia entre magistrados, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación y agentes de inteligencia atenta contra la institucionalidad democrática y pone en evidencia que las denuncias tantas veces efectuadas acerca de la utilización del Poder Judicial para la persecución política, potenciada por las campañas llevadas adelante por los medios de comunicación hegemónicos, adquieren realidad palpable y exigen, en consecuencia, la revisión de los procedimientos en los que los involucrados tuvieron actuación, entre ellos la instrucción de la causa conocida como “Vialidad”.

Como una Universidad Nacional, pública y gratuita, comprometida con la defensa y promoción de la democracia y de los derechos humanos, no podemos dejar de señalar que no es posible hablar de la independencia del Poder Judicial cuando sus magistrados actúan en común acuerdo con quienes representan los poderes fácticos.

Esta sentencia constituye un nuevo paso en el camino de la degradación de las instituciones democráticas, y en la entronización de las prácticas mafiosas de un poder que no está precisamente en las sombras sino que se muestra impúdico. Por ello exigimos que las instancias superiores revoquen este insólito fallo y dejen sin efecto las condenas dictadas. Solo así se podrá avanzar en la regeneración del Poder Judicial y en la recuperación de la confianza que el pueblo debe depositar en quienes tienen a su cargo la tarea de administrar justicia y la garantía de los derechos de los habitantes de la Nación.

Remedios de Escalada, 7 de diciembre de 2022.