La Universidad Nacional de Lanús expresa su más enérgico repudio frente a una serie de acontecimientos que vienen sucediéndose, tales como las reivindicaciones de la última dictadura genocida cívico militar y sus métodos criminales, producidas por diversos funcionarios de las provincias de Mendoza y Córdoba; las amenazas proferidas contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta del Instituto Patria y bajo la condescendiente mirada de los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; y los pronunciamientos contra la continuidad democrática y el llamado a desconocer el orden constitucional efectuados por Aldo Rico, acto que mereció la denuncia penal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En una reciente declaración, organismos de Derechos Humanos han señalado que en particular, Aldo Rico desconoció la legitimidad del gobierno, especialmente de las autoridades ministeriales, y realizó un llamamiento a que los militares estén alertas para para una posible movilización.
No puede desconocerse que estos hechos se inscriben en una estrategia que tiene como objetivo socavar la acción del gobierno constitucional, buscando su caída y de ese modo la frustración del proceso democrático iniciado hace casi cuarenta años.
Como sostiene el inciso 11 del artículo 3 de nuestro Estatuto, es misión de la Universidad Nacional de Lanús “Educar en el espíritu de la Constitución Nacional, en la soberanía popular como única fuente legítima de poder político, en el conocimiento y defensa de la soberanía e independencia de la Nación, en el respeto y defensa de los derechos humanos, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género y respeto a toda forma de diversidad, y de no discriminación, contribuyendo en todo momento a la confraternidad y a la paz entre los pueblos”. En ese espíritu, no solo rechazamos estas continuas y crecientes manifestaciones antidemocráticas sino que llamamos a la comunidad universitaria y a la sociedad toda a defender la democracia y rechazar de plano cualquier intento de atentar contra el orden constitucional, las autoridades elegidas por el voto popular y el normal funcionamiento de las instituciones.