El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) repudia la postura de diputadas y diputados nacionales que le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento. Este reclamo es genuino y así lo manifestó la sociedad en su conjunto en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre.

Hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional con la preocupación por el desfinanciamiento que estaba experimentando el sistema universitario y científico. En aquella gesta colectiva de abril, con plazas y calles de todo el país colmadas por la sociedad argentina, alzamos nuestra voz en defensa de la universidad pública, la educación y la ciencia.

Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino.

El evento contó con la participación de representantes de 21 universidades y 41 intendentes bonaerenses. Se firmaron convenios destinados a ampliar el acceso a la educación superior en los distritos de la provincia.

El viernes 27 de septiembre de 9 a 18, tendrán lugar las II Jornadas de Investigación y Cooperación del Departamento de Salud Comunitaria, denominadas “Desafíos de la Salud Comunitaria en tiempos de individualismo y deshumanización”, en el cine Tita Merello de nuestra Universidad. 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público y lamenta expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene. No es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas.